«El SDDR es un fraude, no ataca el problema de los residuos»
Entrevista de El Mundo, a María Diago, Ex directora general de Calidad Ambiental.
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Bióloga y consultora ambiental, su paso por Medio Ambiente fue efímero. Apenas seis meses. Diago rompe su silencio un año después de su cese para hacer balance de las políticas que impulsa esta Conselleria.
- ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de depósito que se está planteando desde Medio Ambiente?
- El sistema de depósito, devolución y retorno no se ha escogido como un instrumento de gestión, si no como un producto mediático. No hay más explicación que esa. Incluso sus siglas inducen a error. La «R» de retorno no significa que vaya a devolverse el envase al productor para un nuevo uso. Se fundirá, en el caso del vidrio; o se triturará con otros plásticos si se trata de un envase ligero. Partiendo de esa base, el sistema ya es un fraude. No tiene que ver con aquellos cascos retornables de hace 20 o 30 años, que aún están presentes en el imaginario colectivo. Se traiciona el espíritu del SDDR, que es la reutilización. Además, si el sistema nació para recuperar vidrio ¿por qué la mayoría de envases de este material están excluidos? Porque en realidad es un sistema paralelo que le hace la competencia al que ya está establecido.
- Pero hay informes que sí avalan su implantación si se justifican sus beneficios ambientales.
- Estoy de acuerdo, pero es que ambientalmente el sistema de depósito es un tema absolutamente menor. No afecta al núcleo duro ni combate la problemática real de los residuos. Es un tema menor en cantidad, porque solo atiende como máximo a un 10% de todos los envases ligeros, que a su vez representan una fracción pequeña de la totalidad de los residuos que se generan en la Comunidad Valenciana; y también cualitativamente, porque hay residuos mucho más contaminantes. En un escenario de cambio climático, que es el problema ecológico más grave y serio al que nos enfrentamos, plantear la instauración del SDDR obligaría a duplicar el sistema de transporte y, por tanto, aumentarían las emisiones de CO2. Esto no lo podía justificar bajo ningún concepto.
- ¿Influyó en su cese su rechazo a imponer un SDDR en la región?
- Sin duda alguna. Apenas me dieron tiempo a explicarlo. Yo misma planteé a representantes de Ecovidrio, al principio de la legislatura, que pensaran en un sistema de SDDR en la Comunidad Valenciana para los envases fabricados en este material. Pero en seguida me di cuenta de que no era posible. De lo que conllevaba. Esto, desde luego, a mí me costó… mucho. La gestión de los residuos es ardua, por la propia naturaleza del residuo, por su complejidad administrativa y técnica. Insisto, no es tan simple como hace 30 o 40 años, cuando todo iba a una bolsa única y a un vertedero.
- Oficialmente, se justificó su salida por una supuesta incompatibilidad con Julià Álvaro. ¿Tenían visiones tan distintas?
- Creo sinceramente que, en relación a cómo se ha gestionado el SDDR, el tiempo me ha dado la razón. El secretario autonómico quizás podría ser un buen director de RTVV, por ejemplo, pero en ningún caso es la persona más adecuada, tanto por experiencia, trayectoria profesional y talante, para dirigir la política ambiental del Consell.
- ¿Le sorprenden los cambios que se han producido esta semana en el gabinete de la consellera Elena Cebrián?
- Me han sorprendido gratamente.
- Al parecer, las tensiones internas no son nuevas en este departamento. ¿Asistió usted a estos roces en el inicio de la legislatura?
- Cuando empezamos a trabajar, prácticamente no nos conocíamos nadie, por lo menos en cuanto a gestión profesional en el día a día. Ese engranaje siempre es dificultoso, incluso teniendo intereses comunes. Siempre he defendido el perfil de la consellera. Cebrián es una persona muy preparada, que se ha distinguido por su profesionalidad. Estoy segura de que ha tenido roces con aquellas piezas claves de su entorno que no tenían su mismo nivel de preparación.
- ¿Cuál es, a su juicio, el balance de este primer año y medio de legislatura?
- Los problemas reales de los residuos están, a mi entender, gravemente desatendidos. Hoy son bastantes miles de toneladas las que no se gestionan bajo los principios de territorialidad e internalización, que son clave en la gestión ambiental. Cada territorio debe ser responsable de los residuos que produce. Es decir, ha de contar con una planta de tratamiento, un vertedero y si es necesario, con una planta de transferencia. Y esta gestión se ha de pagar al precio que corresponde porque de lo contrario no se podrá articular el tratamiento adecuado. Sólo trabajando en transparencia se puede trasladar a la población esta responsabilidad en la gestión. Por ejemplo, con un recibo separativo, donde el consumidor sepa cuántos kilos de residuos urbanos, envases, vidrio y papel-cartón ha producido y cuánto ha de abonar por ello. Cuando se desglosa una factura, el ciudadano sabe que si separa en origen al final pagará menos. De lo contrario se incrementan los costes de la gestión.
- ¿Cuál es su receta para abordar el problema de los residuos?
- Los problemas complejos no tienen soluciones fáciles. Y una persona aislada no puede resolverlos aunque tenga las mejores ideas. Requiere de un equipo sólido y sobre todo muy profesionalizado. ¿Cómo lo hubiera afrontado? Para empezar, hay muchas cosas que se han hecho bien en el pasado y que hay que mantener para centrarse en mejorar las menos eficientes. Trabajaría siempre bajo el principio de la territorialidad, favoreciendo los consorcios que, como estructura administrativa, han sido ejemplos de gestión para otras regiones. Cuando actúas en términos de cercanía, el impacto, los costes ambientales, los económicos, son muy inferiores. Y por supuesto, también me cobijaría bajo el paraguas del consenso. Hablamos de asuntos demasiado graves y fundamentales como para no hacerlo, máxime cuando el color político de la Comunidad es tan diverso.
- ¿Coincide con Medio Ambiente en que Ecoembes infrafinancia a los ayuntamientos de la región?
- El convenio entre la Generalitat y Ecoembes se firmó en un momento determinado. Ahora que está cerca de llegar a su fin es cuando hay que revisarlo. Si entonces se detecta algún problema, por supuesto, habrá que ajustarlo. La obligación de la Administración valenciana es obtener el mayor rédito de estos convenios, dado que la finalidad ambiental subyace como guía. La revisión ha de ser constante pero no solamente en el caso de Ecoembes o Ecovidrio. Debe extenderse a todos los acuerdos o convenios que el Gobierno valenciano establece con los agentes privados que gestionan residuos.
- ¿Es necesario reformar el Plan Integral de Residuos? ¿Teme que se aproveche para incluir el SDDR?
- Desconozco bajo qué parámetros se pretende reformar. El actual PIR permite trabajar en la línea de la separación selectiva en origen, el compostaje… Hace más de 30 años el movimiento ecologista valenciano luchó, y de manera muy dura, por implantar el actual sistema de contenedores. Es decir, por la separación selectiva en origen. Hoy aún no se ha introducido el quinto contenedor en todo el territorio. ¿Se pretende seguir en esta línea? Si es así, no hace falta reformar el PIR…
- Según el reparto del Botànic, la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente corresponde a Verds-Equo. ¿Cree que las organizaciones ecologistas están satisfechas con sus políticas?
- Me consta que no lo están. Una cuestión es el movimiento ecologista valenciano y otra son los actuales dirigentes de Verds-Equo en la Comunidad. La sostenibilidad ambiental es demasiado trascendente para que sea sólo patrimonio de un partido. Si Els Verds-Equo quieren ser referentes para otras autonomías deberían apostar por el consenso con otras formaciones.
- En Podemos, organización en la que ha militado, echan en falta actuaciones contra el cambio climático.
- Es que no se ha hecho absolutamente nada hasta ahora a pesar de que es la cuestión ambiental más fundamental a la que nos enfrentamos en el siglo XXI. Desde mi breve experiencia como directora general participé en la comisión contra el Cambio Climático. Este órgano forma parte de una subdirección, a su vez de una dirección, que se integra en la mitad de una Conselleria de Medio Ambiente y esta estructura se demuestra insuficiente para abordar dicha cuestión. El cambio climático es de tal trascendencia y transversalidad que debería depender directamente de Presidencia, con competencias planificadoras y ejecutivas que le permitieran implantar ya medidas de mitigación y adaptación. En la Comisión percibías que estabas totalmente limitada y sobrepasada por la magnitud de una Conselleria especialmente voluminosa. No tenías tiempo material porque lo cotidiano te limitaba para lo principal.
- ¿Sería necesaria una conselleria en exclusiva para Medio Ambiente?
- Por supuesto. Cuando en los 80 se empezaron a transferir las competencias estatales a las autonomías, las cuestiones ambientales se asignaron a Infraestructuras. Poco a poco, aquello fue tomando vuelo, se creó la Agencia Valenciana de Medio Ambiente y después una conselleria específica. Esto acabó en el 95. Con el cambio de gobierno, este departamento perdió protagonismo y se adhirió a Agricultura, comenzando así su debilitamiento. Con excepciones, como los consorcios. Resulta curioso que Verds-Equo, que controlan la Conselleria de Medio Ambiente, no plantearan darle mayor fortaleza y protagonismo en la estructuración del Consell.
- El SDDR no el único tema controvertido que salpica a la Conselleria. ¿Qué opina sobrre el portazo a Puerto Mediterráneo?
- Puerto Mediterráneo no estaba dentro de mis competencias. Este modelo de desarrollo urbanístico y territorial nos ha llevado a la situación actual y es lícito decir que no lo deseamos. Pero si reniegas de un modelo se supone que tienes otro. En el gobierno, el marco de acción es el que otorga la legalidad. Así que si se rechaza un proyecto de esta envergadura hay que dar una salida a la inversión. ¿Cómo? Abriendo líneas de trabajo en un mercado verde. Puesto que Puerto Mediterráneo sella suelo, elimina biomasa verde y demanda una gran cantidad de energía y recursos, se podría haber solicitado una compensación. Habría sido una magnífica oportunidad para hablar en serio de implantar una tasa por servicios ambientales para favorecer, por ejemplo, el mantenimiento de la gestión forestal, que en estos momentos también está abandonada.
- ¿Qué papel tendría que jugar Vaersa en este departamento?
- Creo que Vaersa es necesaria como ente instrumental de la Administración. Organizativamente me correspondía estar en su consejo y con lo que no estaba de acuerdo, y sigo sin estarlo, es que se utilice como una entidad privada. Los problemas actuales de Vaersa se derivan de haber sido utilizada como una entidad para lucrase. No es el objeto de una Administración pública hacer la competencia al sector privado. Tan solo debe regular, poner límites a la actividad privada. Y ya. Por eso pienso que Vaersa debería retornar a sus orígenes de ente instrumental.
- ¿Está decepcionada por su paso por la Administración?
- En absoluto. Fue un orgullo y una oportunidad haber ocupado un puesto de esta altísima responsabilidad. Más que decepción diría impotencia y frustración. Impotencia porque muchas cuestiones no puedes resolverlas a la velocidad que desearías. Y frustración porque la sociedad valenciana no se merece un partido con tanta falta de profesionalidad y de rigor. La Comunidad, y vuelvo al cambio climático, es un territorio extremadamente mediterráneo. Y, por tanto, muy vulnerable. De extremos. Grandes sequías, grandes inundaciones… ¿Cómo es posible que no se haya lanzado en este año y medio ninguna iniciativa seria de verdad? Mientras tanto, se ha fabricado un producto mediático estrella, como el SDDR para ocultar la total inacción y asuntos muy mal resueltos: la quema de la paja del arroz, el ataque flagrante a las aves canoras, ampliando la autorización de caza de 20 a 59 días; o la intención de rebajar la protección a los árboles monumentales. Esto es muy frustrante para los que nos preocupa el medio ambiente. Y triste. La sostenibilidad ambiental debería ser, en este siglo XXI una hoja de ruta para cualquier gobierno, no un caballo de batalla político ni una cuestión exclusiva de un único partido, para permitir nuevas formas de gestión y alcanzar mayores cotas de desarrollo.