SDDR: proyecto fallido en la Comunidad Valenciana
Álvaro Cotobal | 21 mar 2018
Enero de 2018. En las localidades castellonenses de Vinaròs y Benicarló acaba de concluir el Seminari del Govern de la Generalitat Valenciana, el quinto que se celebra esta legislatura y en el que se hace balance del gobierno y los proyectos de la comunidad. Entre los muchos temas a evaluar, destaca el polémico proyecto de Sistema de Depósito, Devolución y Retorno o SDDR. En el balance del proyecto, que se lleva haciendo durante 3 años, se incluye un punto que resulta revelador por su contundencia: “No se ha alcanzado el consenso necesario”. Desde la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente hablan de la necesidad de hacer “un estudio más amplio” y desde el Govern y fuentes del PSPV se apunta a que la propuesta no tendrá más recorrido en esta legislatura. Una propuesta que nació con polémica y que tiene su origen en el llamado Acuerdo del Botánico 3 años atrás.
El proyecto del SDDR.
Tras las elecciones autonómicas de 2015 y en vista de los resultados, PSPV, Compromís y Podemos firmaron un acuerdo en el jardín botánico de la Universidad de Valencia que ponía fin a 20 años de gobiernos del PP en la comunidad. El llamado Acuerdo del Botánico incluía, en uno de sus puntos, “la gestión sostenible de residuos” dentro de las medidas para asegurar la transición ecológica del modelo productivo. Con la recomendación de Verds-Equo, la rama ecologista de Compromís, se nombró a Elena Cebrián, ingeniera agrónoma y experta destacada en Gestión Medioambiental, como Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para asegurar dichas medidas.
Tiempo más tarde, el secretario autonómico de la Conselleria, Julià Álvaro, anunciaba la puesta en marcha del SDDR con el objetivo de que “los residuos se conviertan en recursos”, en el marco de la idea de economía circular contenida en las directrices marcadas por la UE y que, según manifestaba, tendría efectos positivos como la reducción del impacto ambiental ocasionado por los recipientes en el ámbito urbano, así como el incremento de la calidad del reciclaje. Un mes más tarde, en mayo de 2016, la propia consellera Cebrián especificaba que el SDDR se incluiría en una nueva ley específica de protección de medio ambiente que esperaban tener aprobada a principios de 2017 tras la evaluación de todos los agentes implicados, y su puesta en marcha para 2018. “Este sistema –dijo entonces- debe contribuir a mejorar los porcentajes de reciclaje con arreglo a la normativa europea, debe ser un mensaje a la sociedad de educación ambiental y debe contribuir a la protección del entorno”.
El borrador de dicha ley, nombrada ley de Protección Adicional del Medio Ambiente y hecho público en octubre de ese año, establecía que el SDDR se aplicaba a “los envases de metal, plástico, bricks y vidrio de cervezas, zumos, refrescos y aguas con un volumen de llenado de 0,1 a 3 litros” y que estarían obligados al nuevo sistema “todos aquellos productores que comercialicen en el territorio de la Comunidad Valenciana productos cuyos envases sean susceptibles de abandono”. Además, los comercios y establecimientos afectados deben aceptar la recogida de envases atendiendo exclusivamente a aquellos envases de los mismos materiales que comercialicen». En el caso del pequeño comercio, decía el borrador, “la obligación de aceptar envases se podrá limitar a envases del tamaño y material que comercialicen». El borrador contemplaba multas de entre 45.000 euros y 1,7 millones de euros a la obstaculización del SDDR por parte de los productores obligados a su funcionamiento, así como multas de entre 901 y 45.000 euros por “el incumplimiento por las personas obligadas a ello del deber de aceptar la devolución del envase en los supuestos exigidos» o por el “el incumplimiento del deber de rembolsar su importe al consumidor final una vez se haya realizado el retorno».
El proyecto de SDDR establecido entonces consistía en un depósito de 10 céntimos en los envases afectados y en su recuperación una vez devuelto el envase en buen estado (vacío, con el código de barras visible y legible y en condiciones que serían determinadas por el gestor del sistema) en los puntos de recogida habilitados, bien sea de manera mecánica (en una máquina) o manual (en mano a los responsables del establecimiento), en cuyo caso no podrían devolverse más de 20 envases por persona y día.
Con estas características, se preveían unos niveles de retorno de envases del 85% en 2020 y del 95% en 2025.
La oposición al SDDR
Desde que se anunció la idea de implantar el SDDR, Ecoembes se manifestó en contra. Para la organización gestora del reciclaje de envases domésticos de plástico, papel, cartón, latas y bricks, el SDDR era “ una iniciativa promovida por un lobby disfrazado de ecologista que es una empresa que carece por completo de objetivo ambiental». Además, argumentaban, “los comerciantes deberán hacer frente al coste de las máquinas, cifrado en 20.000€”. Ecoembes puso el foco así en la venta de máquinas de retorno, cuya patente está en manos de una única empresa (la noruega Tomra) y que estaría haciendo lobby para implantar el SDDR y asegurarse un mercado que ellos consideran estratégico.
Pero Ecoembes no es la única que manifestó su oposición. La Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana (CET-CV) expresó en julio de 2016 su “disconformidad” con el SDDR, al que consideran “muy difícil de gestionar por parte de los establecimientos hosteleros, en los que se podrían producir problemas de seguridad alimentaria por un claro riesgo de contaminación cruzada, a lo que habría que sumar problemas logísticos por la falta de espacio para almacenaje de los envases”, rechazando “la obligatoriedad de implantación” del sistema. En octubre de ese mismo año, las patronales de fabricantes y distribuidores (Aecoc), la de grandes marcas (Anged) y la de los supermercados (Asedas), entre otras, lanzaron un vídeo donde pretendían alertar a los consumidores de los inconvenientes del SDDR y en el que ponen de relieve lo “enrevesado y caro” que resultaría el nuevo sistema.
Ecovidrio, la entidad gestora del reciclado de envases de vidrio, destacó que el SDDR “duplicaría el esfuerzo que ya realizan para reciclar puesto que tendrían que separar los envases que se depositan en los contenedores actuales de aquellos que se gestionarían a través del SDDR”, así como el “encarecimiento de la cesta de la compra” y la “evidencia el riesgo de que afecte negativamente sobre la tasa de reciclado de los envases”.
Para finales de año, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores (CAVE-COVA), la Asociación de Amas de Casa y Consumidores (Tyrius) y la Unión de Consumidores de la Comunitat (UCCV), exigieron un estudio económico del coste del SDDR como parte de “un informe actual y completo en el que se recojan los pros y contras del sistema SDDR”, ya que, aseguraron, “nadie ha explicado el coste real para los consumidores” ni “han estudiado todas las posibilidades que puedan mejorar los resultados de reciclaje vigentes”.
Así, el proyecto de SDDR que debía aprobarse a principios de 2017 se encontró con la oposición frontal de recicladoras, establecimientos hosteleros, supermercados y consumidores.
Negociaciones fallidas
Con las críticas al SDDR en plena ebullición, la Conselleria de Medio Ambiente decidió pasar a la acción abriendo una negociación con las asociaciones de empresarios que criticaban el sistema, complementando así la línea de diálogo abierta con asociaciones de todos los sectores implicados. También programó “Torna el casc 2.0”, una jornada de conferencias y mesas redondas destinada a mostrar las supuestas ventajas del nuevo sistema. Así, el invitado estrella fue Jürgen Resch, responsable de la implantación del sistema en Alemania. También acudieron a la cita otras personalidades vinculadas a los sistemas de retorno, como Saulius Galadauskas, presidente de la junta directiva del sistema USAD lituano o Rauno Raal, del SDDR de Estonia. También contaba con la presencia de ecologistas y de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, así como del alcalde de Valencia, Joan Ribó. En aquellas jornadas destacaron sin embargo las ausencias de miembros del PSPV, a excepción del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que esperaba alcanzar un acuerdo sobre el SDDR “sin imposiciones, con diálogo, diálogo y más diálogo, porque el diálogo es la manera más eficaz de llegar a buen puerto”, ante la consellera Cebrián, que respondió que han dialogado ya con “más de 70 entidades y asociaciones”.
A mediados de 2017, y con una división cada vez más clara en los socios de gobierno respecto al SDDR, Cebrián aseguraba que no se implantaría el sistema si no contaba con el acuerdo de la administración, empresa y consumidores, por lo que instaba a seguir dialogando. El movimiento, que suponía ponerse de lado del PSPV, abrió una brecha en la Conselleria, incluyendo a su número dos, Julià Álvaro, el más firme defensor del SDDR, y que afirmaba que se estaban dando algunos retoques al proyecto para atenuar el rechazo empresarial, pero que no había un retroceso y que su trámite parlamentario se iniciaría en breve.
Pero la realidad se encargó de desmentir sus palabras días después, cuando la negociación entre la Conselleria y las asociaciones de empresarios (negociación a la que Álvaro se oponía) se cerrara sin que estás últimas hubieran variado su posición contraria, si bien aportaron una serie de medidas para mejorar el sistema actual, que fueron recibidas por la Conselleria “con muy buena predisposición”.
Por aquel entonces había entrado en la polémica la cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático de la Pompeu Fabra, una de las mejores universidades de España, con un estudio que concluía que los efectos del sistema no implicarían una mejora del sistema actual debido a los altos impactos ambientales del nuevo sistema de transporte que habría que implantar y a los equipamientos necesarios para llevar a cabo el proceso de reciclaje. Por otro lado, el estudio apuntaba el riesgo de que el otorgar incentivos económicos al reciclaje puede trasladar la falsa idea al consumidor de que solo compensa reciclar cuando se obtiene dinero a cambio desincentivando así el reciclaje de los residuos no sujetos a SDDR. El número dos de la Conselleria, Julià Álvaro, cuestionó el estudio porque estaba financiado por, entre otros, Ecoembes.
En septiembre de 2017 nació esta Plataforma ‘SDDR.info’, un proyecto de ciudadanos/as independientes que busca contribuir al debate sobre un sistema que consideramos convierte el Medio Ambiente en un negocio cuyo beneficiario es Tomra y en el que salen perjudicados tanto consumidores como la pequeña empresa, así como el propio Medio Ambiente. Nuestras acciones consisten en la concienciación al ciudadano sobre los inconvenientes y peligros del SDDR, incluyendo la falta de ética ecológica del nuevo sistema e incluso por qué no podría ser considerado de izquierdas aun teniendo a parte de ésta a su favor.
El Plan Integral de Residuos y el fin del proyecto.
Fue ese mismo mes, y meses después de lo previsto, cuando Elena Cebrián anunció la intención de aprobar el nuevo Plan Integral de Residuos antes de fin de año “ya que marca las medidas necesarias en materia de gestión de residuos para alcanzar los nuevos objetivos de las diferentes directivas europeas”. Entre los puntos del plan, que incluyó medidas sobre vertederos, plantas de reciclaje y residuos, ya no se encontraba el SDDR, si bien Cebrián se mostraba abierta a realizar pruebas piloto para comprobar su aceptación entre consumidores y empresarios.
Apenas unos días más tarde, la división entre los socios del Acuerdo del Botánico se hizo pública en una sesión de Les Corts en las que Podemos instaba a incluir el SDDR en el Plan Integral de Residuos y en los Presupuestos de 2018, propuesta que fue rechazada por el pleno con los votos de PSPV, PP y Ciudadanos, mientras que Compromís votó a favor. Fue en la negociación de esos Presupuestos donde se vivieron las horas más bajas del Acuerdo cuando Podemos puso como líneas rojas para asegurar su apoyo a los mismos en la tasa turística y en la implantación del SDDR. Ximo Puig y Mónica Oltra, más partidarios de consolidar los cambios hechos en la legislatura que de abrir nuevos frentes que puedan producir un desgaste electoral, negociaron con Podemos diversas concesiones a sus propuestas en políticas de vivienda y gestión ambiental. Al final, Podemos dio luz verde, enterrando definitivamente el SDDR a pesar de las críticas de la diputada autonómica de la formación morada Beatriz Gascó, que acusó a Compromís de “asumir la ideología del PSOE” en materia de Medio Ambiente. No fue la única en criticarlo. Julià Álvaro fue destituido a principios de este mes por Mónica Oltra. En declaraciones a los medios, Álvaro acusó a la Conselleria de Medio Ambiente de «moderada».
Se celebran Fallas en Valencia y Greenpeace, una de las organizaciones abanderadas del SDDR, ha invitado a Elena Cebrián y a su nuevo número 2, Fran Quesada, a visitar una falla elaborada con envases de bebida abandonados y creada con el objetivo de “concienciar sobre uno de los mayores problemas ecológicos y sanitarios que padece la sociedad». Al contrario de lo marca la tradición, esta falla no será quemada sino que será comprada por Greenpeace por 10 céntimos el envase con el objetivo de «promover en la sociedad la reconversión de los envases en un producto de valor y no en meros residuos». El gran proyecto que modificaría la recogida de envases ha quedado reducido a un acto simbólico para celebración de unos pocos activistas. Las asociaciones de consumidores y de pequeño comercio finalmente frenaron un sistema injusto para la ciudadanía y perjudicial para el Medio Ambiente. Victoria para ellos.