SDDR, un arma de doble filo para el pequeño comercio
Gema López Albendea | 6 nov 2017
En los últimos 30 años, el ciclo del comercio en España ha ido sufriendo importantes cambios que están fulminando a los pequeños establecimientos. Para ellos es tremendamente difícil competir contra la implantación de las grandes superficies como principal punto de consumo, su política de precios bajos y la paulatina liberalización de los horarios comerciales instaurada en algunas comunidades autónomas.
La posible llegada del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) sería un ‘suma y sigue’ (o mejor dicho, ‘resta y sigue… como puedas’) en esta cadena de desventajas que ahoga cada vez más al pequeño comerciante.
¿Por qué? Pongamos sobre la mesa diversos supuestos. El primero, que la tienda en cuestión instale, de forma obligada o voluntaria, la máquina dirigida a este fin. Una máquina con un coste que va de los 3.000 a los 20.000 euros, dependiendo del tamaño. También existe la opción de realizar la recogida de forma manual, aunque son necesarios dispositivos y bolsones específicos que no sólo suponen un gasto, sino una redistribución de la infraestructura que no siempre se tiene. Bien para la máquina, bien para los desechos reciclables (sin compactar) que habrá que acumular.
Que acumular y que gestionar, un tiempo precioso que el pequeño empresario difícilmente puede permitirse. Porque a veces olvidamos que el horario laboral de éste no se acaba cuando el cierre está echado: hay que llenar el almacén, controlar las existencias, tratar con proveedores, mantener limpio el puesto de trabajo… normalmente sin opción de subcontratar todos estos servicios por falta de efectivo.
OTROS ‘PEROS’
Aún teniendo esto en cuenta, el propietario del establecimiento decide subirse al carro del SDDR, o para ofrecer al cliente un nuevo servicio, o para obtener un retorno económico, o por conciencia medioambiental. Tres motivos plausibles que llevan adosados un ‘pero’ a su lado.
Si ya en estos momentos le resulta complicado competir en precio con las grandes superficies, ¿qué pasará cuando tenga que subirlos como parte del funcionamiento del sistema? ¿O cuando sus fieles lleven los residuos en mal estado y no pueda devolverles la tasa previamente pagada? La respuesta está clara: perderá clientes y, por ende, pondrá en peligro su negocio.
Otro de los perjuicios que sufrirá es que tendrá que adelantar el pago de esos desechos, que no siempre se habrán comprado previamente en su establecimiento. Todo a cambio de un ‘beneficio’ de 1,6 céntimos por envase, según explica el informe que la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) presentó el pasado verano para fomentar su utilización.
Por supuesto, queda la opción de la ‘verde’ conciencia del vendedor, rebatida con el Proyecto Ariadna y su informe Sostenibilidad sobre la introducción de un SDDR obligatorio para envases de bebidas: análisis ambiental, social y económico comparativo con la situación actual, elaborado por la cátedra Unesco de Ciclo de Vida y Cambio Climático de ESCI-UPF, una institución educativa universitaria ligada a la Universidad Pompeu Fabra. Según éste, que analiza la situación en la región catalana, el nuevo sistema “resultaría perjudicial para el medio ambiente, ya que los procesos asociados a este sistema conllevan más contaminación que los del sistema de reciclaje actual (SCRAP)”.
Por supuesto, queda la opción de que el comerciante no se decante por el SDDR, siempre que no tenga obligación de hacerlo. Éste se evitará el gran cúmulo de inconvenientes antes descritos, pero también se verá perjudicado por aquellos que, una vez más, cuentan con el potencial suficiente para llevarlo a cabo: las grandes superficies. De esta manera, los hipermercados jugarían con una nueva ventaja de captación de clientes.
¿DÓNDE PODRÍA LLEGAR?
En las regiones que están valorando la entrada del SDDR, Cataluña y, sobre todo, Comunidad Valenciana, los pequeños comerciantes han trasladado su firme oposición al sistema, poniendo sobre la mesa estudios que desaconsejan su implantación. De hecho, en el caso de la Comunidad Valenciana, donde estaba prevista su aprobación antes de final de año, las pymes y autónomos del sector consiguieron a través de su patronal Covaco que la implantación en sus establecimientos fuese opcional.
No obstante, lo que parecía inminente tiene visos de retraso en la comunidad levantina. En los presupuestos para 2018, que se están discutiendo en estos momentos, apenas tiene protagonismo. Y según una reciente entrevista realizada a Manolo Mata, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, es tremendamente complicado que se aplique antes de las elecciones de 2019. Unas declaraciones que abren una puerta a la esperanza para las pymes del comercio de la región.